A diferencia de la estrategia inicial de presentar una reforma integral de 920 artículos, la administración libertaria ha decidido fragmentar los cambios legislativos para acelerar la implementación de medidas consideradas urgentes.
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Este nuevo proyecto, descrito como una "primera etapa de la reforma del código penal", será tratado este trimestre en el Congreso de la Nación.
La iniciativa tipifica por primera vez modalidades delictivas de gran impacto social. En cuanto a los delitos contra la propiedad, se incorpora la figura de la “viuda negra” como robo agravado, con penas de hasta doce años de prisión para quienes utilicen sustancias para adormecer o engañar a las víctimas.
En materia de seguridad vial y animal, el proyecto propone subir las penas hasta un máximo de seis años en picadas callejeras. Mientras que en el maltrato animal, plantean derogar la ley actual para incorporar un título específico en el Código Penal con penas de hasta tres años de prisión.
El capítulo migratorio es otro de los pilares del proyecto. Se incorporan sanciones de uno a veinte años de prisión para el ingreso y permanencia ilegal, el tráfico de personas y el soborno a autoridades migratorias. Además, se endurecerán los castigos para extranjeros deportados que reincidan en el ingreso al país.
Por último, la propuesta refuerza severamente la protección de menores. Las penas por grooming y abuso sexual infantil se elevan hasta los quince años en casos agravados. La producción, distribución o simple tenencia de material de explotación sexual infantil también recibirá castigos más rigurosos, con escalas que varían según la edad de la víctima y la gravedad del acto.
Desde el entorno oficialista han desmentido versiones que indicaban que no habría subas de penas para delitos de corrupción, calificando tales afirmaciones como “absolutamente falsas” y asegurando que la transparencia en la función pública sigue siendo una prioridad de la reforma.
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